Los desafíos tecnopolíticos del próximo gobierno



octubre 11, 2019 2:24 pm


Por Natalia Zuazo (*) – El 10 de diciembre tendremos un nuevo gobierno y todo indica que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner serán quienes lo conduzcan. Con la renovación de cada mandato, se abren las expectativas de trabajar por esa “Argentina del futuro” de la que se habla y se imagina en toda campaña electoral. Con 10 por ciento de desocupación, un 53 por ciento de inflación y un 35 de pobreza, la urgencia será recuperar el valor del salario y reactivar la producción y el trabajo.

Con esa urgencia como norte, la actual oposición y futuro gobierno señala que se necesitaría de “un shock de reactivación” y señala que “la riqueza la produce la ciencia y la tecnología”. Sin embargo, esa frase puede significar cosas muy distintas. De hecho, cuando asumió Mauricio Macri también apuntaba a duplicar el presupuesto en esas áreas y potenciar a los emprendedores tecnológicos, mientras apenas asumido viajaba al Foro Económico de Davos a reunirse con los directivos mundiales de Microsoft, Facebook y Google, proyectando una imagen de país vinculado “al futuro”.

¿Cómo se puede entonces hacer las cosas de manera distinta, y especialmente pensando en un desarrollo tecnológico que realmente contribuya al país? La clave es poner a la política por delante. Politizar la tecnología. Eso significa elegir entre opciones, que serán las que correspondan de acuerdo a nuestros propios intereses, es decir, respetando nuestra soberanía. Algunas de las cuestiones importantes en materia tecnopolítica, además, son centrales para el desarrollo inmediato de la Argentina productiva, la del trabajo, la que vincula la ciencia con la tecnología y con el desarrollo. Aquí, algunos –de entre muchos- de esos desafíos que debemos transitar.

1. Garantizar derechos laborales para los trabajadores de plataformas

Las plataformas tecnológicas son las fábricas de nuestra era de las redes. A través de ellas se establecen cada vez más relaciones laborales de todo tipo. Según un estudio reciente del BID, la OIT y CIPPEC, en la Argentina dejaron de ser un complemento y pasan a ser un primer ingreso para el 60 por ciento de las personas que allí se emplean. Sin embargo, la mitad de quienes prestan servicios para empresas como Uber, Rappi o Glovo, realizan aportes previsionales de su propio bolsillo, pagándoselos vía monotributo. También, carecen de cobertura de salud, descanso y sufren las consecuencias psicológicas de una disponibilidad permanente. Es decir, que mientras vivimos unas tecnologías del siglo XXI, volvemos a derechos laborales del XIX, incluso deshaciendo el camino de conquistas que ya parecían establecidas en el siglo XX.

La razón es que algunas de esas empresas de plataformas, amparadas en el falso marketing de las “economías colaborativas” y la hipocresía de llamar “socios” a sus empleados, se niegan a reconocen los derechos de sus trabajadores. Pero esa situación no puede sostenerse durante mucho tiempo más, sencillamente porque cada vez más personas establecerán relaciones de empleo a través de tecnologías y el Estado tendrá que mediar. El mundo ya está tomando un camino. Hace algunas semanas, California aprobó una ley que obliga a Uber y otras plataformas a registrar a los conductores como empleados en lugar de contratistas. Tras fallos de distintas instancias en el mundo, esta regulación, sancionada en el estado cuna de Silicon Valley tendrá influencia en la próxima década para la economía de las plataformas.

En la Argentina, el año pasado tuvimos un ejemplo de organización sindical promisorio y con visión de futuro con la creación de App, el primer sindicato de trabajadores de plataformas de América Latina. El mismo, que espera que se le reconozca su personería gremial en la Secretaría de Trabajo (que, a su vez, esperamos vuelva a ser Ministerio), entiende claramente el problema: no se trata de prohibir las plataformas, porque ellas dan trabajo a las personas, sino de que, como empresas, cumplan las leyes laborales y fiscales del país. En la protección de las personas, además de sus empleos, no sólo se estarán consagrando derechos. También, con esa mayor estabilidad del precariado, se estará contribuyendo a la reactivación económica, a que esos trabajadores puedan pensar también en proyectar sus familias, estudiar, o tal vez tomar unas vacaciones.

2. Construir una verdadera Economía del Conocimiento

En mayo de 2019 se aprobó la Ley de que promueve el régimen de Promoción de Economía del Conocimiento, como continuidad y actualización de la ley de Promoción del Software. La nueva legislación incluye las anteriores actividades como  software, pero también biotecnología, las industrias aeroespacial y satelital, audiovisual, servicios geológicos y de prospección y relacionados con electrónica y comunicaciones, centros de exportación de servicios profesionales, investigación y desarrollo, y nanotecnología, y nanotecnología, entre otros. Impulsada por Cambiemos mediante la Secretaría de Emprendedores y Pymes de Mariano Mayer, la ley fue destacada en campaña por Alberto Fernández como algo positivo a retomar durante su gestión. 

Lo central de la norma, por el momento, es continuar con un régimen de beneficios tributarios (entre otros, una alícuota de Ganancias del 15 por ciento) para las empresas exportadoras de tecnología y servicios. Con esto, se espera que las compañías del rubro generen más puestos de trabajo (actualmente emplean unas 215 mil personas) y conocimientos exportables para el mundo (con la consiguiente entrada de divisas). También, entre otras ayudas, fomenta la creación de nuevas empresas, con menos burocracia y facilidades lo cual es auspicioso.

Sin embargo, para que el círculo del conocimiento sea realmente virtuoso, no basta con generar bajas de impuestos. En el ámbito del software la reactivación de las universidades nacionales en áreas informáticas y ciencias, los centros de investigación y desarrollo, la financiación de los mismos, pero sobre todo planes con un norte político que estimule a qué tipo de industrias nos queremos dedicar como país, son centrales. Como señala la economista italiana Mariana Mazzucato, debemos rescatar la idea de “políticas de innovación orientadas como misiones”. ¿Qué problemas de desarrollo debemos resolver? ¿Qué sectores públicos y privados deben cooperar para hacerlo? Esas preguntas deben orientar las decisiones, mucho antes que las leyes que decidan eliminar un impuesto.

En el caso de la Argentina, si se trata de producción y desarrollo, las universidades y los centros de investigación serán fundamentales. Ellos (y ellas, decididamente mal representadas en el reparto del poder del cocimiento, también) deben ser parte de la definición de ese mapa del conocimiento. También, las universidades regionales y la Fundación Sadosky, por caso, deben retomar sus espacios, en un círculo virtuoso liderado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Otro tanto lo debe ocupar el Ministerio de Educación, a través de una recuperación del Plan Nacional de Inclusión Digital, que daba marco al plan Conectar Igualdad -que en un esquema de país del conocimiento soberano debe ser recuperado-, pero lo excedía, en términos de que además se ocupaba de una política más amplia en donde la enseñanza y en aprendizaje de la tecnología tenía un sentido político para el desarrollo. Eso también deberá volver a ser misión del Estado.

3. Desarrollar la tecnología respetando los derechos de las personas

La Ley Nacional de Datos Personales de la Argentina está por cumplir 20 años. En estas dos décadas, la información que intercambiamos las personas con actores públicos y –sobre todo- privados creció de manera abismal: pasamos 8 horas diarias promedio usando internet, subimos 3 mil millones de elementos a Google Drive cada 24 horas, 18 millones de mensajes de WhatsApp por minuto y 87 mil tweets. En el año 2000, cuando se sancionó la ley 25.326, se estaban instalando los cables submarinos de internet en nuestro país.

En septiembre de 2018, el gobierno a cargo de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley para sustituir la actual ley, luego de una apertura a consideraciones entre 2016 y 2017. También motivó la reforma la implementación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), que entró en vigencia en mayo de 2018 y despertó interés no sólo entre los europeos, sino también en Estados Unidos, que hoy también vive un debate respecto de controlar más a los grandes de la tecnología, es decir, los dueños de internet. En la base del Reglamento está el darles más poder a los usuarios y hacer más transparente la circulación de la información que las empresas (no sólo las de internet) tienen de los ciudadanos. Entre otras cosas, establece que los europeos tienen derecho a saber para qué fines se utilizarán los datos, por cuánto tiempo se conservarán, si sus datos son transferidos, etc. Todo esto debe ser claro y sencillo de entender.  También, supone que cada persona le puede pedir a las empresas una copia de todo lo que recopila sobre ella, que un usuario puede corregir o revocar un dato, o que si prefiere trasladar su información a otro operador (más transparente, más barato, más justo) puede hacerlo sin dilación. Además de multa por el no cumplimiento de estas reglas, sanciona a las compañías que no informen sobre filtraciones de datos o problemas de seguridad.  

En el caso de la Argentina, al proyecto la resta un debate importante en varias cuestiones. En primer lugar, debe repensar fuertemente el rol de la autoridad de aplicación que, con el correr de los años, fue quedando cada vez más dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. Actualmente, la aplicación de la ley de Datos personales está en manos de la Agencia de Acceso a la Información Pública, creada por decreto por Mauricio Macri, y que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Anteriormente, el organismo dependía del ministerio de Justicia, con un director también elegido por el Ejecutivo. En cualquier caso, si queremos tener una ley de datos personales moderna, su aplicación y control deben depender de un órgano dotado de amplias facultades, autonomía funcional y autarquía presupuestaria.

En segundo lugar, el anteproyecto permite que se otorgue consentimiento a ceder los datos personales de manera tácita. Como señala la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “de esta manera, se diferencia de la actual ley, que sólo permite el consentimiento expreso”, es decir, sólo si el titular lo consiente en cada caso. Para evitar abusos de poder, la recomendación es que se considere al consentimiento expreso como la regla general del sistema y que el tácito sea la excepción.

Como tercera cuestión (aunque no final), está la de la cesión de datos entre agencias estatales, que fue noticia en los últimos años por el uso de datos de la Anses por parte de la Secretaría de Comunicación Pública (que luego en 2018 tuvo al fallo Torres Abad en su contra prohibiendo a la Jefatura de Gabinete usar la base de datos de ANSES sin consentimiento expreso de los ciudadanos). Como señala la ADC, “actualmente las bases de datos estatales cuentan con amplias facultades para el tratamiento y cesión de datos personales” y el “el anteproyecto sigue consagrando esa situación de privilegio”. Por lo tanto, también deberíamos aprovechar la posibilidad de un debate público sobre el tema y un nuevo momento político para delimitar aún mejor las excepciones y determinar que la cesión de datos sea más estricta. El mundo está comenzando a hablar de “datos como activos políticos” (data as political assets), es decir, de que nuestra información personal debe ser protegida no sólo de las manipulaciones privadas sino también de los malos usos públicos. Y una ley comprensiva y moderna también puede servirnos para generar mecanismos de control a largo plazo, para futuras administraciones pero también para demandar a empresas privadas que abusen de nuestra información.

Junto con la revisión de la ley de Datos personales, también (y será tema de otro análisis), deben revisarse y controlarse las tecnologías de vigilancia, en especial los sistemas de reconocimiento facial, que se están desplegando masivamente. También, construir una estrategia democrática de ciberseguridad nacional con foco en las personas, es decir, cuyo foco no sea el punitivismo ni perseguir o espiar a través de las redes sociales, sino proteger verdaderamente los activos críticos del país (por ejemplo centrales nucleares, red eléctrica, de gas y servicios básicos). Por último, también será necesario participar en una discusión sobre una co-regulación de las plataformas de internet, con especialistas en la materia para evitar males tales como la censura o afectación de derechos.

(*) Politóloga. Directora de Salto, Agencia Tecnopolítica. Autora de Los dueños de internet. Nota publicada en Infobae.